VOA 
Voz de AméricaA pesar del reciente llamado de la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, exigiendo que se levanten las sanciones contra ella y más de 30 funcionarios de Nicaragua, expertos consideran que difícilmente va a cambiar la situación.
"En el concierto de las naciones vos tenés límites, no podés permanentemente hacer lo que querás y a Ortega se le han dado muchas oportunidades de enrumbarse a través de la vía de la negociación y no lo ha hecho", dijo a la Voz de América el exdiputado y analista político Eliseo Núñez.
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El analista, que duda que Murillo logre que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea levanten la presión contra aquellos, a los que acusa de violaciones de los derechos humanos, corrupción, lavado de dinero y fraude electoral, ahonda: “en la carta de las naciones Unidas está muy claro que no se puede alegar autodeterminación cuando se trata de violación a los derechos humanos”.
La tarde de este lunes, en su acostumbrada alocución con medios oficialistas, Rosario Murillo denunció que la administración sandinista es víctima de “potencias coloniales y neocoloniales”, las cuales -en su opinión- tienen “la ambición de continuar dominando y subordinando al mundo”.
“Exigir respeto, exigir que se anulen esas medidas coercitivas, ilegales que van contra las cartas internacionales que deberían de regir los destinos del mundo, en términos de derecho, convivencia, respeto a esas cartas, y eliminación de esas medidas ilegales, coercitivas que no tienen nada que ver con la buena voluntad, que no tienen nada que ver con la democracia”, expresó Murillo.
Las sanciones como “mecanismos legales”
A juicio de Núñez, las medidas adoptadas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, contrario a lo que dice Murillo, pretenden contribuir al restablecimiento de la democracia de Nicaragua, luego de las polémicas elecciones del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega participó sin competencia, pues sus contrincantes fueron apresados y acusados de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
“¿Por qué se queja de unas sanciones y no se queja de que los rusos quieren invadir Ucrania? Si ella tuviese el convencimiento de lo que hablan de autodeterminación, anticolonialismo, no estarían reconociendo las acciones de Rusia contra Ucrania, no estarían reconociendo Crimea, que también fue una invasión rusa”, cuestionó Núñez.
Moisés Hassan, quien fue miembro de la junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, tras el triunfo de la Revolución Sandinista en julio de 1979, afirma que las sanciones contra funcionarios nicaragüenses y las presiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a la Administración Ortega obligarán al sandinismo a buscar un diálogo con la oposición, mediado por la comunidad internacional.
“Yo no tengo muchas creencias de que Ortega se va a dilatar en el poder”, dijo Hassan a la VOA. "Ortega está enfrentando una situación muy complicada. No es posible que este grupo de personas pueda permanecer en el poder en contra de la voluntad del 90% de los nicaragüenses y con la presión de la comunidad internacional".
35 organizaciones opositoras no quieren dialogar
Sin embargo, desde Costa Rica, 35 organizaciones de la oposición rechazaron cualquier diálogo con el Gobierno, por considerar que no se dan las condiciones mínimas, como la excarcelación de más de 160 opositores, el restablecimiento de las libertades políticas, el respeto a los derechos humanos y las garantías para ejercer la libertad de prensa en Nicaragua.
“El diálogo que Ortega está pretendiendo llamar ahorita es un mamotreto. No es un diálogo verdadero, donde se va a negociar o hablar sobre la solución de la crisis. Es más bien un monólogo con el espejo. Ortega va a hablar con él mismo”, manifestó el opositor Jesús Teffel durante un reciente foro en San José, Costa Rica.
Las posturas de la oposición también son objeto de críticas por parte de los expertos, por considerar que tampoco tienen voluntad política entre las organizaciones de la disidencia para dialogar entre ellas y hacer una propuesta a los nicaragüenses y a la comunidad internacional para resolver la crisis social, política y económica en que se encuentra sumergida la nación centroamericana.
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Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Enrique Herrera, en representación de la Iglesia Católica, expresó recientemente que está dispuesta a ser mediadora en un nuevo diálogo entre el Gobierno y la oposición, con el expreso fin de contribuir a resolver la situación del país. Sin embargo, hasta el momento la administración de Daniel Ortega no ha respondido al llamado de los obispos.
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